Publicado el 05/06/2025 por Administrador
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México vivió un hecho sin precedentes: por primera vez, la ciudadanía eligió por voto directo a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta inédita jornada electoral, celebrada el 1 de junio de 2025, dio como resultado un aplastante triunfo del oficialismo. Con más del 99 % de las actas contabilizadas, los candidatos respaldados por Morena y sus aliados ganaron las nueve plazas disponibles en el máximo órgano judicial del país.
La victoria otorga al partido en el poder, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el control absoluto de la Corte, una institución que históricamente ha actuado como contrapeso al Ejecutivo. Uno de los nombres más destacados es el de Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y actual coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien se perfila como el próximo presidente del máximo tribunal.
Este cambio se dio tras la profunda reforma constitucional impulsada por el oficialismo y aprobada en septiembre de 2024. La enmienda redujo el número de ministros de 11 a 9, estableció un mandato único de 12 años sin reelección, y eliminó el Consejo de la Judicatura Federal, reemplazándolo con el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Según el gobierno, el objetivo es “democratizar la justicia y acercarla al pueblo”.
Sin embargo, la baja participación electoral —solo un 13 % del padrón acudió a las urnas— encendió señales de alerta. Diversos analistas y opositores advierten sobre los riesgos de concentración de poder y una creciente erosión de los equilibrios institucionales. Para ellos, esta elección representa una cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y un retroceso en la independencia judicial.
A pesar de las críticas, el gobierno celebró el resultado como un “triunfo democrático del pueblo”. La presidenta Sheinbaum destacó que los nuevos magistrados representan una justicia más inclusiva, paritaria y con visión de derechos humanos, aunque varios de los perfiles elegidos tienen vínculos claros con el oficialismo.
La oposición, por su parte, prepara acciones legales y legislativas para cuestionar la validez del proceso y frenar lo que consideran “una captura política de la justicia”.
Los nuevos ministros asumirán funciones a partir del 1 de septiembre de 2025. Con su instalación, se abre un periodo sin precedentes en la historia mexicana, donde el Poder Judicial operará con una composición totalmente renovada y alineada, al menos en principio, con el proyecto político del Ejecutivo.
Lo que para unos es una reforma transformadora y popular, para otros es el inicio de una preocupante deriva autoritaria. El futuro institucional de México estará, desde ahora, marcado por la forma en que esta nueva Suprema Corte ejerza su mandato.
